No sabemos lo importantes que son las sillas salvaescaleras hasta que nos vemos obligados a usar una. Y ojo, en cualquier momento eso puede ocurrir, y no estaría de más recordarlo. Puede que solo temporalmente y por efecto de algún desafortunado accidente. Pero así es: si durante unas semanas o meses tenemos que desplazarnos obligatoriamente en una de estas sillas mecánicas, sea porque tenemos que utilizar una silla de ruedas o muletas que nos impiden subir una escalera sencilla, nos daremos cuenta de lo fundamentales que son para el colectivo de personas con movilidad reducida permanente. Tanto como las mascarillas para protegernos de la pandemia de la COVID-19.

Podría decirse que, efectivamente, las salvaescaleras conceden protección a gente con problemas de movilidad, personas mayores que ya no pueden moverse como antes y un largo etcétera. Claro que, en este caso, la protección es social: las sillas, así como otros importantes recursos de accesibilidad, como las rampas o los baños adaptados, protegen a estas personas de depender de otras y les permiten hacer una vida relativamente normal. Lo que falla, a nivel social, no es que haya gente que no pueda andar, sino que las ciudades tienen que invertir mucho más en adaptar edificios públicos o privados para facilitarles la vida.

El primer paso es el más simple, pero también el que, en ciertos círculos, más parece que cuesta dar: investigar precios de salvaescaleras. Debemos empezar por imponer esta obligación moral en los espacios privados, en los que estas sillas demuestran indudablemente un mayor uso y una mayor necesidad. El espacio privado, es decir, la vivienda, es el primero en el que las personas en sillas de ruedas deben poder desplazarse con normalidad, es decir, entrar y salir de casa. No basta con el ascensor y, de hecho, muchas veces el mismo suele situarse después de unas escaleras.

En definitiva, en todos los edificios de viviendas debería haber al menos una. Esa asignatura sigue pendiente y, hasta que como sociedad no la aprobemos, no podremos pensar en la posibilidad, también necesaria y real, de instalar las sillas también en edificios públicos.